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Posted by on Ago 29, 2017 in Actualidad, Provincia, Segovia

IU considera antidemocrática la actitud de Torquemada en relación con su papel en la Fundación Caja Segovia

IU considera antidemocrática la actitud de Torquemada en relación con su papel en la Fundación Caja Segovia

La organización insiste en el carácter público de la Fundación y sigue reclamando que se haga público el acuerdo con Bankia

El grupo municipal de Izquierda Unida, a tenor de las explicaciones del equipo de Gobierno sobre la Fundación Caja Segovia y el polémico acuerdo alcanzado con Bankia, quiere hacer públicas estas manifestaciones:

Las Cajas de Ahorros y las Fundaciones que las suceden, una vez abandonada la actividad financiera, y de acuerdo con la Ley de Cajas de Ahorros de Castilla y León, tienen un carácter social sin ánimo de lucro, y no dependen de ninguna otra entidad o empresa, por lo que su carácter público es incuestionable. El hecho de que sus patronos sean representantes de la sociedad, elegidos por sufragio universal en el caso del concejal que ocupa este cargo, obliga a estos a actuar con total lealtad hacia quienes representan, sin que quepa secretismo u oscurantismo respecto a cualquiera de sus actuaciones en esta fundación, y mucho menos cuando se trata de desprenderse del patrimonio de la misma en favor de Bankia, acusada en el Juzgado por haber cometido un delito contra la propia Fundación.

Parece que Andrés Torquemada no es consciente de que fue elegido patrono de la Fundación por el Pleno del Ayuntamiento. Se permite decir que él actúa a nivel personal y que no tiene por qué dar cuenta de lo que allí haga, cuando debería defender los intereses de la ciudad de Segovia. ¿Qué intereses defiende? ¿Los de los patronos?

Esta actitud antidemocrática, respaldada por la alcaldesa (que insistió en que la Fundación es una entidad privada y el concejal participa a título personal) refleja una apropiación de las instituciones públicas por parte de quienes habrán pensado que pueden hacer lo que quieran sin informar de sus actuaciones. En ningún caso pueden escudarse en los estatutos de la Fundación para justificarse, ya que en los mismos no figura que no se pueda informar de lo que allí sucede.

Este discurso se contradice con la contestación que dio a nuestras preguntas en junio. Torquemada afirmó que representaba al Ayuntamiento de Segovia en la Fundación y que “no hay ningún problema en facilitar la información”, cosa que no hizo por no haber podido asistir a una reunión, según dijo. De hecho, aseguró que se enteró por los medios del acuerdo con Bankia. El señor Torquemada deberá explicar a qué se debe ese cambio en su discurso y si obedece a una intención por parte de la Fundación de mantener su actividad en secreto, algo que sería injustificable y que debería denunciar como patrono. La realidad es que seguimos sin poder acceder al acuerdo, ya que no lo han hecho público, ¿qué tienen que esconder?

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Sesión de Pleno del pasado mes de junio

Caso aparte es el del señor Alfonso Reguera, quien dijo que apoyaba el acuerdo entre la Fundación y Bankia, a la vez que aseguraba que no lo conocía. Los cargos públicos deben actuar con más responsabilidad.

Es una obligación ineludible por nuestra parte pedir y transmitir toda información relevante sobre el destino del patrimonio de la comunidad a la que representamos, así como denunciar actitudes ilícitas y despóticas en la gestión de lo público, denuncia que IU lleva haciendo mucho tiempo.

En un Estado social y democrático de derecho no tiene sentido que un cargo público sea representante en una institución que no sea pública. No es de recibo actuar de espaldas a la sociedad a la que se representa, y mucho menos ocultar la información que otro representante le solicita. Todo lo anterior solo tiene justificación si se trata de exculpar a compañeros de partido político que pudieron cometer un delito por eludir la falta de exigencia en el papel de consejeros de Caja Segovia, y que, además, tiene como consecuencia transmitir un cuantioso patrimonio a Bankia, entidad que participó en beneficio propio en la comisión de ese posible delito de administración desleal.