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Posted by on Ene 9, 2020 in Actualidad

IU defiende su acusación en el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia

IU defiende su acusación en el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia

Elena García Gil reclama a la organización 60.000 euros por vulneración de su derecho al honor

Elena García Gil, ex vicepresidenta de Caja Segovia y procesada por el caso de las prejubilaciones millonarias de sus ex directivos, baraja la posibilidad de presentar una demanda civil contra nuestra organización ante la falta de acuerdo en el acto de conciliación celebrado este jueves en el juzgado nº 5 de Segovia. García Gil reclama 60.000 euros a Izquierda Unida (acusación popular) y otros 60.000 a la Fundación Caja Segovia (acusación particular) por entender que haber estado inmiscuida en dicho procedimiento ha perjudicado su derecho al honor.

Izquierda Unida recuerda que en los diferentes procedimientos penales en los que hemos estado personados, relacionados con la gestión de numerosas personas en el seno de Caja Segovia, han visto indicios de delito la Audiencia Provincial de Segovia, juzgados de instrucción y diferentes partidos políticos, así como la inmensa mayoría de la sociedad segoviana, pese a que, por diferentes motivos, ha tenido lugar la absolución momentánea de muchos de los acusados, o el sobreseimiento en otro caso.

Según el abogado de IU, Alberto López Villa, la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial se basaba fundamentalmente en que no le constaba la percepción de ayudas públicas por parte de Caja Segovia, y no le constaba porque rechazó el documento donde sí consta la percepción de dichas ayudas. “Es un documento de la Intervención General del Estado en el que se atribuye a Caja Segovia una recepción de más de 100 millones de euros. Al no admitir dicho documento, afirman que no le consta esa circunstancia”, ha asegurado.

Alberto López Villa, junto al coordinador provincial de IU, José Luis Ordóñez

Sobre la postura de la Fiscalía, que aseguraba que había un reproche moral pero no jurídico en las prácticas de la antigua cúpula de la caja, López Villa ha afirmado que en este caso el reproche jurídico está clarísimamente contemplado en el Código Penal, como delito de administración desleal. “La señora García Gil fue absuelta con una sentencia inconsistente y no ajustada a Derecho, y por tanto en ningún momento nuestra acusación puede considerarse como una intromisión a su derecho al honor”, ha apuntado.

La personación y acusación mantenidas por Izquierda Unida no suponen que haya habido en momento alguno nada personal contra ningún ciudadano que haya tenido que rendir cuentas ante la administración de justicia con motivo de las decisiones que tomaban con ocasión del ejercicio de los cargos de enorme responsabilidad que tuvieron

El hipotético daño que haya sufrido el honor de la Sra. García Gil o cualquier otra persona que se ha visto involucrada en diferentes procedimientos penales no tiene relación alguna con el ejercicio por parte de Izquierda Unida del legítimo derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que permite a todos los ciudadanos ser amparados por los tribunales de justicia cuando consideran, como ha sucedido con varios casos en Segovia, que los derechos irrenunciables han sido atropellados.

Izquierda Unida se muestra orgullosa del papel que ha desempeñado como acusación popular en los procesos de Caja Segovia, en los que ha trabajado intensamente para defender los derechos de la ciudadanía ante unos hechos que han generado mucha indignación y perjudicado al conjunto de la sociedad segoviana.