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Editado por en Feb 13, 2018 en Actualidad, Provincia, Segovia

IU denuncia la prescripción de otra infracción urbanística grave

IU denuncia la prescripción de otra infracción urbanística grave

La organización presentará un escrito en la Fiscalía por si se hubiera cometido un posible delito de prevaricación

El grupo municipal de Izquierda Unida denuncia un nuevo caso de infracción urbanística grave que ha prescrito por la inacción del equipo de Gobierno. Se trata de un caso que comenzó en 2012, cuando Luis Peñalosa informó en Junta de Gobierno de la construcción de dos edificaciones sin licencia urbanística en una parcela en la calle José María Heredero, en suelo no urbanizable y especialmente protegido. En ese año se inició el expediente de restauración de la legalidad y el expediente sancionador al propietario.

El interesado presentó alegaciones y manifestó que la infracción debía calificarse como leve, entre otras razones, porque existía disposición voluntaria e inmediata de restaurar la legalidad infringida. El Instructor del Expediente sancionador, mediante propuesta de resolución, fijó la sanción en 10.001 euros . En abril de 2013 se ordenó la demolición de las construcciones y desde el 20 de mayo se dieron tres meses para el comienzo de las obras y seis para su finalización.

Imagen de las edificaciones, incluida en el expediente

El 28 de mayo de 2014, la Arquitecta Técnica Municipal señaló en un informe que las obras de demolición no se habían ejecutado, por lo que se inició procedimiento de ejecución forzosa. El Ayto concedió al interesado un plazo de audiencia de 10 días, transcurrido el cual se requeriría a que comenzara la demolición ordenada en el plazo de un mes, con multas coercitivas de 1000 euros en caso de incumplimiento. “No se emitió el informe hasta un año después de que se diera el plazo para comenzar las obras de demolición. Denota dejadez e ineficacia por parte de la concejalía de urbanismo ante una infracción calificada como grave”, ha señalado el portavoz Ángel Galindo.

A finales de julio de 2014, el propietario registró un escrito de alegaciones, en virtud del cual se dictó un decreto que archivó tanto el procedimiento de restauración de la legalidad como el procedimiento sancionador. En enero de 2016, tras un informe similar al de 2014, Alcaldía dictó un decreto con el se inició un procedimiento sancionador al propietario, cuyas alegaciones fueron desestimadas. Se impuso entonces una sanción de 70.000 euros  y se requirió al interesado para que procediera a la demolición de las edificaciones ejecutadas sin licencia.

“No tiene sentido que se archivaran los procedimientos en 2014 y dos años después se vuelva a decir la obra es ilegal y se vuelva a iniciar tanto la sanción como la restitución de la legalidad. Da la impresión de que todo fue un paripé porque ya sabían que la infracción había caducado”, ha apuntado Galindo.

Ángel Galindo, en rueda de prensa

El 24 de enero de 2017 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 señaló que tanto el procedimiento de restauración de la Legalidad como el sancionador se notificaron al demandante con fechas 3 y 4 de febrero de 2016, habiéndose cumplido ya el plazo de prescripción, dado que las obras de los inmuebles construidos finalizaron el las navidades de 2011 y las obras en habían quedado fuera de ordenación.

“Llueve sobre mojado. Hace poco tuvimos el caso de Juan Cruz Aragoneses, y ahora esto. No entendemos cómo no ha dimitido todavía el concejal de Urbanismo o que alcaldesa no le haya cesado”, ha afirmado el portavoz, que ha añadido que Clara Luquero firmó los dos decretos de Alcaldía con los que, por un lado, se archivó el procedimiento y, por otro, se anuló el expediente sancionador.

Galindo ha apuntado que este caso, junto con el de Juan Cruz Aragoneses, marcan un pésimo precedente. “Se permite una vez más que los cuatro listos de siempre se vayan de rositas.  No veo a nadie que se libre de sanciones por infracciones mucho menores, o por multas de la ORA, por ejemplo. Alfonso Reguera empieza a ser el concejal de las indisciplina urbanística“.

Ha informado de que este último caso podría incurrir incluso en prevaricación, y que es posible que la organización podría presentar un escrito ante la Fiscalía. “Sea o no sea ilegal, no deja de ser un caso muy grave, y desde IU vamos a seguir denunciando estas actitudes caciquiles”, ha sentenciado.

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