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Editado por en Ene 31, 2018 en Actualidad, Provincia, Segovia

IU lleva al Pleno una petición para que la gestión de la AP-6 y la AP-61 sea pública

IU lleva al Pleno una petición para que la gestión de la AP-6 y la AP-61 sea pública

El grupo municipal de IU defenderá una moción para que el Ayto inste al Gobierno a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la concesión otorgada para la construcción y explotación de la AP-6, la AP-61 y la AP-51. La propuesta urge al Ejecutivo a que revise la concesión en 2018 o lo antes posible, y plantea que su gestión sea realizada de forma directa por el sector público.

Estas autopistas de peaje constituyen una barrera económica que afecta en gran medida a nuestra Comunidad Autónoma, especialmente a las provincias de Ávila y Segovia, que quedan aisladas de un desarrollo económico y social que genere empleo y riqueza a pesar de estar situadas a escasos kilómetros de Madrid. Los peajes reflejan un ejemplo de desigualdad con respecto a otras provincias limítrofes con la capital situadas a la misma distancia. Su eliminación es un factor decisivo para el desarrollo económico en el territorio, ya que facilitaría que las empresas que busquen una ubicación en la periferia de Madrid se puedan instalar en Segovia, lo que generaría empleo directo.

Miles de segovianos se desplazan a Madrid todos los días utilizando la AP 61, que conecta la ciudad con la AP 6. En 2016, la intensidad media diaria medida en vehículos/día en la AP61 fue de 7.486, de los que 586 eran vehículos pesados. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente estima que hay 2.000 usuarios de bono transporte en la provincia de Segovia, un 70% de la capital. La liberación del peaje sin duda beneficiaría en gran medida a los miles de segovianos que trabajan o estudian en la capital.

En el año 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en sentencia firme la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje para la construcción, conservación y explotación de la AP-6 (Villalba Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51). La Comisión Europea sancionó a España por vulnerar la normativa de contratación pública europea.

En 2012 el Ministerio de Fomento modificó la concesión para cumplir la sentencia. Redujo la concesión a Iberpistas en 7 años y le indemnizó con una cantidad que todavía no es pública (esos 7 años volverán a salir a “concurso”) Un Real Decreto aprobado por Fomento estableció que en Noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2032 o hasta 2037.

Fotografía del temporal de nieve en la AP-6./ EFE

En varias ocasiones la concesionaria ha mostrado su ineficacia a la hora de gestionar situaciones de crisis. Quedó patente durante el temporal de nieve a principios de enero, que provocó que miles de personas quedaran atrapadas en la AP-6. Esta situación ya se había dado en años anteriores, como 2009 y 2011. Como en esas ocasiones, los servicios públicos (Guardia Civil, UME) fueron los que tuvieron que lidiar con la situación de crisis, dada la mala planificación y gestión por parte de la empresa. Se demostró una vez más que, a diferencia de lo que algunos quieren hacer creer, una gestión privada no garantiza un mejor servicio.

La moción incluye otro acuerdo para solicitar al Gobierno de España que informe puntualmente sobre el estado de cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente sobre su incidencia sobre el coste de los peajes sobre todo por los usuarios.

Consulta la moción aquí

Descargar moción