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Editado por en Feb 11, 2019 en Actualidad, Provincia, Segovia

La mayoría del consejo de Caja Segovia no conocía los sueldos de los directivos

La mayoría del consejo de Caja Segovia no conocía los sueldos de los directivos

Izquierda Unida de Segovia sigue trabajando intensamente como acusación popular tras la primera semana de juicios por el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia. A lo largo de las primeras sesiones, la organización ha seguido poniendo de manifiesto que la situación económica y financiera de Caja Segovia no era la que pretenden hacer ver desde las defensas, y que por lo tanto no procedía el pago de las indemnizaciones a los acusados, que han llegado a decir que su gestión fue inmejorable y que incluso podrían haberse llevado unas indemnizaciones superiores a las que percibieron.

Para IU, los encausados están empleando un discurso con el que tratan de distraer, enmarañar y ocultar el fondo del asunto. Estos han insistido en que Caja Segovia era totalmente solvente, que la catástrofe que sobrevino después fue de Caja Madrid, como el que acusa al jefe de la banda de todos los males.

La organización recuerda que los Planes Estratégicos de Caja Segovia contemplaban la expansión del negocio en provincias como Madrid, Valladolid y Málaga, pero no buscaban captar ahorros e ingresos de las trabajadoras y trabajadores madrileños, vallisoletanos y malagueños, que ya tenían sus propias entidades, sino que consistían en promover construcciones de viviendas en un mercado ya saturado. La crisis del ladrillo obligó a la Caja a apropiarse de los depósitos de los segovianos a través de las participaciones preferentes. Fue una verdadera estafa, y llevó a la ruina a la entidad segoviana debido a estas fuertes e ilógicas inversiones, lo que sus directivos obviaron a la hora de premiarse con escandalosas prejubilaciones.

El abogado Alberto López, acompañado de Ana Peñalosa y Ángel Galindo

Los testigos que han declarado en el Juzgado, concretamente la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la Caja, no conocían el importe de los salarios de los directivos. Incluso cuando alguna consejera solicitó información al respecto, esta se le ocultaba. No era para menos teniendo en cuenta que el Director General cobraba más de setecientos mil euros al año, siendo su premio por prejubilación superior a cinco millones de euros. Sin duda son cantidades propias de grandes empresas radicadas en la Gran Manzana, pero impropias de una pequeña Caja de una pequeña provincia.

A lo largo del proceso, IU ha insistido en que, seis días después de la toma del acuerdo del Plan de Prejubilaciones, el Banco Financiero de Ahorros, predecesor de Bankia, recibía mas de 4000 millones de euros de ayudas públicas para poder sobrevivir, anticipo de los más de 50.000 millones que recibiría con posterioridad. Sin duda es un delito premiar malos resultados, así como un fraude sufragado por la generalidad de la ciudadanía, que sufre todo tipo de restricciones mientras ejecutivos inoperantes se jubilan con 50 años en un dorado retiro.

Este martes continúan las declaraciones de testigos. El enjuiciamiento de todos estos hechos sigue su paso lento pero firme. IU espera que la justicia sea sensible con este tipo de delitos económicos o de guante blanco, especialmente reprochables por venir de unas personas a las que se había encomendado la custodia de los ahorros de toda una comunidad, y de los que se esperaba que no se enriquecieran mientras dejaban una entidad arruinada tras sus pasos.

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